La visita del rey Juan Carlos I a Marruecos supone otra vuelta de tuerca a la traición permanente que nuestro Estado mantiene con el pueblo saharaui. No sorprende, en absoluto, que este viaje oficial se haya desarrollado con todas las galas y pompas posibles. Ni siquiera llega a extrañar la magnitud de la delegación española que ha acompañado al monarca: cinco ministros del actual Gobierno: el de Asuntos Exteriores, el de Justicia, el de Interior, la de Fomento y el de Industria; nueve ex ministros de Exteriores; un grupo de 27 empresarios de las principales firmas españolas; 14 rectores de universidades; el director del Instituto Cervantes; dirigentes de las patronales y el Alto Comisionado para la Marca España. Tampoco es ninguna sorpresa la declaración conjunta para el Sahara de la que presumía este jueves José Manuel García Margallo.
No sorprende este viaje, pues continúa la postura que el Estado español ha mantenido acerca de este tema desde que en el año 1975 olvidara sus obligaciones como potencia colonial del Sáhara Occidental. Pero no por ello deja de indignar a quienes creemos que los Derechos Humanos y las personas deben situarse por encima de los intereses económicos de algunos sectores sociales. Una vez más, se han tratado asuntos comerciales, se ha dialogado sobre las relaciones culturales, se ha trabajado en la confluencia de sectores estratégicos… En definitiva, se han proyectado unas necesarias relaciones bilaterales entre España y Marruecos dándoles apariencia de normalidad. Sin embargo, se ha obviado un tema candente: el Sáhara Occidental. Un asunto que supone una mancha vergonzosa situada en el origen de nuestra democracia y que nos acompaña hasta hoy en día.
Aunque en la agenda oficial de la visita no haya aparecido el contencioso del Sáhara como uno de los temas a tratar, es seguro que ha estado presente en las reuniones. Las difíciles y relevantes relaciones bilaterales entre el Estado español y Marruecos, unas veces más tensas, otras más amistosas, siempre han estado, están y estarán marcadas por el asunto saharaui hasta que este se resuelva. No podría ser de otra manera. Marruecos es, según indica la legalidad internacional, la potencia ocupante del Sáhara Occidental. España, por su parte, la potencia administradora. Es decir, por un lado, el actor que está vulnerando la legalidad internacional con su ocupación; por el otro, el que la vulnera por no ejercer su responsabilidad legal.
España, responsable
Efectivamente, el Estado español entregó el 14 de noviembre de 1975, mediante la firma de los Acuerdos Tripartitos de Madrid, lo que en aquel momento era una provincia más, el Sáhara Occidental, a Marruecos y Mauritania. Sin embargo, estos acuerdos nunca han sido aceptados por Naciones Unidas, lo cual hace que, de iure, España siga siendo la responsable legal, tal y como explicaban en el 2011 Juan Soroeta, Juan Miguel Ortega y otros 71 profesores de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales pertenecientes a 32 universidades españolas, además de la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH): “como ha señalado en numerosas ocasiones la Asamblea General de la ONU, un Estado no pierde la condición de potencia administradora, ni queda liberado del cumplimiento de las obligaciones que se derivan de ella por el simple hecho de afirmarlo”.
A pesar de la obligación legal del Estado español en el contencioso del Sáhara, no sorprende este viaje, ni siquiera asombran las declaraciones del monarca español, Juan Carlos I, en las que ha asegurado que Marruecos es un ejemplo de “apertura y estabilidad”, por lo que les anima a seguir por el camino de las reformas iniciadas. Unas reformas, que por cierto, han dejado de lado el respeto de los Derechos Humanos en los territorios ocupados por Marruecos del Sáhara Occidental, donde las torturas, las desapariciones, las detenciones arbitrarias, el uso de procesos irregulares para encarcelar a personas inocentes, la privación al derecho de asociación, de reunión pacífica o a la libertad de expresión han sido y son, hoy en día, una constante, tal y como podemos comprobar en las declaraciones del año pasado del relator de la ONU contra la tortura, Juan Méndez, el informe del 2012 del Secretario General de Naciones Unidas sobre la situación del Sáhara Occidental, el informe anual de Amnistía Internacional, el de la Fundación Robert Kennedy o las informaciones de Human Rights Watch.
Historia de una traición
Sin embargo, estas declaraciones del rey Juan Carlos I no sorprenden en absoluto. Viniendo de su persona, no asombran. La historia nos revela que fue él mismo quien, a principios de noviembre del 1975, asumiendo la condición de Jefe del Estado debido a la enfermedad del dictador Francisco Franco, viajó a El Aaiún para prometer, tanto a los militares españoles que allí se encontraban destinados, como a la población saharaui, que el Estado español cumpliría con sus compromisos y “respetaría el derecho de los saharauis a ser libres”. Una promesa que truncó horas después cuando, reunido en Madrid con el presidente del Gobierno, Arias Navarro, el primer ministro marroquí, Ahmed Osman, el ministro español de Exteriores, Pedro Cortina, y José Solís, ministro Secretario del Movimiento, permitió, previo acuerdo con el Secretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger, que la Marcha Verde siguiera adelante ocupando el Sáhara Occidental y traicionando a todo un pueblo, enviándoles al olvido. Una promesa en El Aaiún, una mentira en los despachos de Madrid.
Declaración conjunta de Marruecos y España
No sorprende tampoco que el ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, presuma de presentar junto al Ejecutivo marroquí una declaración conjunta que compromete a «una solución estable, pacífica, justa, basada en la negociación de acuerdo con los parámetros y la doctrina de la ONU». ¿Acaso están ignorando que Naciones Unidas reconoce el Derecho a la libre determinación del pueblo saharaui? ¿No es la autodeterminación una solución ajustada a los parámetros de la ONU? Habrá que recordar que si este referéndum no se ha celebrado todavía es por la negativa de Marruecos a ello. La postura de los sucesivos gobiernos del Estado español es, por lo tanto, parcial y no ajustada a la doctrina de la ONU.
Pero no sorprende esta iniciativa. Ni siquiera cuando recordamos a los propios dirigentes del Partido Popular, cuando estaban en la oposición, repitiendo una y otra vez una solución al conflicto más acorde a la legalidad internacional y a la voluntad del pueblo saharaui. Es el caso del actual jefe de Gabinete del presidente del Gobierno, Jorge Moragas, o del vicesecretario de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons, entre otros, que se posicionaron, o incluso salieron a la calle, defendiendo el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. No sorprende porque, como hemos dicho, esta situación es sólo una vuelta de tuerca más a una constante traición, no sólo de los gobiernos populares, sino también socialistas. Basta recordar a Felipe González, quien el 29 de septiembre de 1985 cerró las oficinas en España del Frente Polisario, representante legal de este pueblo, cuando años antes, en el 1976, se había comprometido a apoyarle “hasta la victoria final”. O el “secuestro” que el Gobierno de Zapatero, siendo Miguel Ángel Moratinos ministro de Exteriores, llevó a cabo en 2009 contra Aminetu Haidar, forzándole a permanecer en España contra su voluntad y a desarrollar una larga huelga de hambre en Lanzarote. O la respuesta de la entonces ministra de Exteriores, Trinidad Jiménez, al desmantelamiento del campamento pacífico Gdéim Izik en 2010, cuando años atrás participaba activamente en las manifestaciones pro referéndum.
Es, por lo tanto, una traición permanente de todos nuestros gobiernos y de nuestra monarquía al pueblo saharaui. Por ello, no sorprende que en este viaje no se haya profundizado en Derechos Humanos, ni en la legal autodeterminación del pueblo saharaui. Traición que, por cierto, tuvo su penúltimo eslabón el pasado mes de abril, cuando a instancias del Secretario General de la ONU, Ban Ki Moon, se debatió la posibilidad de incorporar a las competencias de la Misión Internacional de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO) la vigilancia de los Derechos Humanos. La fría postura de España, Francia y otros estados en Naciones Unidas permitió que, hoy en día, la MINURSO siga siendo la única misión de este carácter sin potestad para vigilar el cumplimiento de los Derechos Humanos. De igual manera, estos días se está tratando el Acuerdo de Pesca de la UE con Marruecos. Un acuerdo que comprende también las aguas del Sáhara Occidental, un territorio no autónomo. Por ello, no sería legal si los beneficios económicos que la explotación de los recursos naturales de este territorio generaran, no repercutieran directamente en la población saharaui. Además, España, como potencia administradora, debería velar porque esto se cumpliera.
Solidaridad en la lucha
No sorprende este viaje, decimos, pero sí indigna y duele. Por ello, gran parte de la sociedad española continuará acompañando al pueblo saharaui en su lucha pacífica por sus derechos. Y por ello, y porque España es la responsable legal, el contencioso del Sáhara se convertirá en un problema para todos aquellos gobiernos que no decidan afrontarlo conforme a la legalidad internacional. Para los miembros de las Asociaciones de Amistad con el Pueblo Saharaui, de otras ONGs y plataformas y, en definitiva, para una gran parte de la sociedad, que miles de saharauis se vean sometidos a la ocupación y violación sistemática de sus derechos humanos o que otros miles estén obligados a vivir permanentemente en un campo de población refugiada, con las grandes carencias humanitarias que esto supone, sí que es un problema. Un problema de una enorme gravedad. Para otros, hemos visto que no. Es una constante traición.
